Sanciones administrativas y civiles contra el trabajo en negro

SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y CIVILES CONTRA EL TRABAJO EN NEGRO



 

 

 

Si el empleador no notifica al INPS que contrató a un trabajador doméstico  

 

El empleador debe notificar al INPS que contrató al trabajador doméstico, o bien, dado el caso, que las relaciones laborales en cuestión se transformaron o cesaron. Si el empleador no efectúa dicha notificación, o la realiza después de los plazos indicados, incurrirá en la sanción administrativa que aplica la Dirección Provincial del Trabajo. La misma oscila entre los 200 y los 500 euros por cada trabajador cuyo contrato no haya notificado el empleador. Dicha sanción administrativa se puede sumar a una segunda sanción, de rigor, cuando el empleador no inscribe al trabajador doméstico en el INPS, y/o a la sanción establecida, cuando no satisface los aportes a la Seguridad Social. 

En efecto, si el empleador no envía la comunicación de contratación obligatoria al INPS, el trabajador no está inscrito en el INPS, que gestiona la posición de seguro. 

Si el empleador no inscribe al trabajador doméstico en el INPS, la Dirección Provincial del Trabajo puede cobrar al empleador una sanción que oscila entre los 1.500 y los 12.000 euros, por cada trabajador doméstico que trabaje a sus órdenes “en negro”. A dicho importe se le sumarán 150 euros por cada jornada laboral efectivamente trabajada y las demás sanciones administrativas y civiles, contempladas en la legislación vigente contra el trabajo informal o “en negro”. 
 

Si el empleador no paga los aportes 

Cuando el empleador contrata al trabajador doméstico y no se lo notifica ni lo inscribe en el INPS, incurre en un caso de trabajo informal o “trabajo en negro”, que la ley castiga con las siguientes sanciones. Por los aportes evadidos, correspondientes a cada trabajador que trabaja a sus órdenes, el empleador pagará sanciones civiles, que se calculan en base a la cuantía total de los aportes no satisfechos, al 30% de interés anual, hasta un máximo del 60% y con un mínimo de 3.000 euros, independientemente de la duración de las prestaciones laborales comprobadas.
En otras palabras: por una sola jornada laboral “en negro”, el empleador puede incurrir en una sanción mínima de 3.000 euros.
Dicha sanción civil se puede sumar a las sanciones administrativas, que se aplican cuando el empleador no efectúa la notificación y cuando no respeta los plazos de rigor para inscribir al trabajador en el INPS. 


Si el empleador paga los aportes después de los plazos indicados 

En caso de demora en el pago de los aportes, el empleador incurre en las sanciones monetarias, que aplica el INPS. Las mismas se calculan en virtud del tipo de interés que esté en vigor el día en que debía realizarse el pago de los aportes en cuestión, o según el tipo de interés, denominado de “cálculo corriente” (que en la actualidad asciende al 6,50% anual), hasta un máximo del 40% del importe debido en el trimestre, o de la cifra que falte abonar. Dicho tipo de interés se aplicará, a condición de que el empleador abone espontáneamente las sumas adeudadas, en un plazo de 12 meses a contar desde el día en que se venció el plazo para satisfacer los aportes, antes de que se lo demanden el INPS, el INAIL y/o el Inspector del Trabajo, y antes de que se le aplique sanción alguna. De no efectuar el pago en este último plazo, el empleador incurre en un caso de evasión de aportes, que la ley castiga con la aplicación de un interés anual del 30% a la suma de dinero que no evadió en el trimestre en cuestión.

 

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